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Dilma Rousseff

DIÁLOGOS IBEROAMERICANOS

Dilma Rousseff: «Seguiré apoyando a Lula da Silva»

La expresidenta de Brasil ha advertido que el proceso por corrupción que llevó a prisión al expresidente, y actual candidato del PT, fue «distorsionado»

Vivian Murcia G.

@vivimur83 / @elportalvoz

Todo comenzó a destaparse el 21 de diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre los sobornos que habría pagado la constructora brasileña Odebrech a varios gobiernos latinoamericanos a cambio de contratos públicos -vías férreas, carreteras, líneas de metro, etc.- que, incluso, terminaban con sobrecostes de hasta tres veces el valor inicialmente pactado.

 

Odebrech, fundada hace 40 años por un ingeniero de origen alemán y dirigida por un nieto suyo cuando se destapó el escándalo, está presente en 28 países, tiene una plantilla de 128.000 trabajadores y factura 40.000 millones de dólares anuales. Latinoamérica era uno de sus frutos más deseados ya que ofrecía un conjunto de países ávidos de desarrollar sus infraestructuras de las que Odebrech quería sacar ganancia.

 

El problema no eran las ganas que obtendría con la adjudicación de los contratos públicos sino la manera en cómo los consiguieron. Cuando se investigó su proceder en Brasil, Marcelo Odebrech, el presidente de la multinacional, fue procesado y condenado a 19 años de cárcel. Dado que en Brasil se podía acoger a una reducción de la pena si tiraba de la manta, empezó a hablar. Otros 77 exdirigentes de la compañía también lo hicieron.

 

Y, entonces, se supo que los sobornos iban mucho más allá: no sólo se hacían con el fin de obtener contratos públicos puntuales sino que se trataban de una forma estructural de actuar: se financiaban campañas presidenciales, como la última de Hugo Chávez en Venezuela, así, se aseguraban de que quien llegara al poder fuera el presidente y máximo responsable de distribuir el presupuesto público. El escándalo no solo salpicó a Brasil, sino a una docena de países como México, Perú, Colombia, Panamá, Chile, República Dominicana y Guatemala, entre otros.

 

Brasil es el país donde más dinero se destinó a los sobornos y salpica a la clase política de todos los espectros ideológicos: los dos anteriores presidentes, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT); seis ministros del actual Gobierno de Michel Temer; los dos últimos candidatos presidenciales de la oposición, Aécio Neves y José Serra y; los presidentes del Congreso y del Senado. También afectan las investigaciones a otros 240 no aforados.

 

Recientemente, se conoció el fallo de la investigación que recayó en el expresidente Lula da Silva: 12 años de cárcel.

 

«Es el resultado de un juicio distorsionado», aseguró la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, discípula de Lula da Silva.

 

Rousseff presentó en la Casa de América de Madrid una defensa de lo que ella considera un «golpe parlamentario que trata de arruinarnos políticamente y civilmente». La expresidenta fue destituida de su cargo en 2016 bajo la acusación de hacer maniobras contables para maquillar el déficit fiscal sin autorización del Congreso. «No renuncié porque esa sería una forma de darles la razón a ellos (los partidos de la derecha) quienes buscan llevar a Brasil por el camino neoliberal apartándonos a las opciones sociales», aseguró Rousseff.

 

«En Latinoamérica y en Brasil sabemos muy bien lo que es un golpe y las consecuencias que tiene. Yo que fui presa y torturada por la dictadura veo una relación entre lo que fueron los golpes de los años setenta y ochenta y los actuales, quieren apartar del poder a quienes no piensen en políticas neoliberales, en intereses empresariales. Ahora bien, creo que hay diferencias. Si antes los golpes eran militares, hoy son parlamentarios y mediáticos, pero son iguales en tanto buscan imponer una ideología, tienen un corte fascista», comentó la expresidenta.

 

El caso por el que se investigó a Lula da Silva es otra de las cuestiones que Rousseff observa como un retroceso de las garantías democráticas que se han alcanzado en Brasil: los derechos constitucionales. «El presidente Lula no tiene cuentas en Suiza, sólo tiene esa historia absurda del apartamento. Lo que se ha hecho es una interpretación de los derechos constitucionales con el objetivo de infringirlos. El juicio no se llevó a cabo respetando las garantías de defensa de Lula. No se le demostró su culpabilidad», sentenció Rousseff.

 

Ante la negativa a aceptar algún cargo del que se le acusa, el PT sigue apoyando a Lula da Silva como candidato para las elecciones presidenciales que Brasil enfrenta el próximo octubre y, pese, a que ya ha empezado a cumplir los 12 años de prisión que se le sentenciaron, Lula sigue siendo el plan A como candidato del PT: «No tenemos plan B porque Lula va a seguir siendo nuestro legítimo candidato, no en vano más del 30% de la población de Brasil lo está apoyando», aseguró una muy firme Dilma Rousseff quien ha empezado una gira por Europa y Estados Unidos en la que busca esclarecer el juicio «distorsionado» a da Silva y apoyos de la comunidad internacional de lo que ella denomina un «apresamiento político».

 

Lo que piensan los brasileños en España

Al acto organizado por la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid en la Casa de América estuvo copado de estudiantes y residentes brasileños en España. Con camisetas de Dilma y pancartas que rezaban «Lula, libre», el auditorio se inundó de aplausos que interrumpieron a Rousseff -presentada como la «legítima presidenta de Brasil»- más de una vez.

 

Para Talita Martins, estudiante de un máster en liderazgo y gobierno, observar las palabras y las efusiones de Dilma y contraponerlas con las condenas que reciben los representantes del PT es una muestra de que Brasil está «infelizmente polarizado. Tenemos a una derecha y a una izquierda que no entran en acuerdos que favorezcan al país. Hace años que no conseguimos hacer avances en la política».

 

Los retrocesos en Brasil son de tal calado que esta politóloga e internacionalista considera que «en el gobierno de Lula mucha gente accedió a un nivel económico mayor que ahora se está echando para atrás. Nuestra política siempre ha estado marcada por estas rupturas que perjudican nuestra continuidad en la historia».

 

Pero, parece que la inocencia de Lula no está del todo clara aunque hay dudas sobre el proceso por el que fue juzgado: «No soy juez pero, de momento, no creo en la inocencia de Lula. El caso se ha juzgado. Ahora bien, algo extraño ha pasado en este juicio. Es raro, en Brasil, que hayan procesado a un político en solo 6 meses, como pasó con Lula, cuando tenemos casos de presidentes que han estado procesados por corrupción y se ha tardado más de diez años en juzgarlos. Creo que se trata de una maniobra de la derecha para evitar que la gente responda, querían quitarse del medio a Lula para las elecciones», aseguró Martins.

 

Marianne Brito, otra brasileña asistente al encuentro, no duda de la responsabilidad de Lula: «No, todo lo contrario. Hay indicios muy fuertes de corrupción en su gobierno. Creo en la justicia brasileña».

 

El clima de polarización y la gastada imagen del PT que trata de arreglar Dilma Rousseff parece insuficiente para unas elecciones que se vislumbran ásperas en un país que, mientras está mediáticamente sumergido en los escándalos de corrupción y las campañas políticas polarizadas, ha pasado de ser la sexta economía mundial a ocupar el triste décimo segundo puesto.

Foto: Vivian Murcia G. 

Contacto: vivian.murcia@ibe.tv 

 

 

10 de abril de 2018


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