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ENTREVISTA

De la Calle: «Colombia podría enfrentarse a una catástrofe si en 2018 se incumple el acuerdo»

El jefe de negociaciones con las Farc, Humberto de la Calle Lombana, habla sobre los principales puntos del acuerdo de paz que ya rige en Colombia

Vivian Murcia G. / El PortalVoz

@vivimur83 / @elportalvoz

«El fin de 52 años de guerra ya es un hecho» dijo Humberto de la Calle Lombana ex vicepresidente de Colombia y actual jefe de negociaciones con la guerrilla más antigua de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

 

Pasó por Madrid en una visita de tres días en la que asistió a diversos encuentros con estudiantes, diplomáticos y población colombiana con el objetivo de responder a las preguntas de sus connacionales sobre el acuerdo definitivo con las Farc.

 

De la Calle aseguró «que no habrá amnistía para los guerrilleros, paramilitares y militares que cometieron crímenes de lesa humanidad», aclarando uno de los puntos más álgidos del acuerdo y que fue la bandera de los opositores.

 

Señaló que Colombia se enfrenta a un desafío en el proceso de reconciliación. «Sería una perfidia incumplirle a una guerrilla desarmada» refiriéndose al riesgo de que en 2018 -cuando Colombia se enfrente a elecciones presidenciales- la agenda política esté polarizada y pueda ser elegido el candidato propuesto por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez quien, al frente del partido político Centro Democrático, ha sido el principal opositor al acuerdo de paz y al Gobierno del actual presidente, Juan Manuel Santos Calderón.

 

De la Calle asegura que «no es momento para pensar en lanzarse a las presidenciales», pero sí advierte que «es prioritario que Colombia siga pensando en la paz para las elecciones de 2018».

 

El eje central de las negociaciones y del acuerdo firmado es la reparación a las víctimas. ¿Qué medidas adoptará para que los acuerdos no supongan la impunidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad?

La configuración de este acuerdo se hizo sobre la garantía de los derechos de las víctimas, algo que no había ocurrido en otros procesos en el pasado. Esos derechos son la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. En el tema de la justicia (el acuerdo) trata de un sistema integral que tiene elementos judiciales y elementos extrajudiciales. Judicialmente, se ha creado una Jurisdicción Especial para la Paz que atenderá las causas, los litigios y la investigación de aquellos delitos que no son amnistiables, esto es inédito en un proceso de paz.

 

Bajo el Estatuto de Roma (que rige en Colombia) es el primer acuerdo de paz que implica que a los delitos más graves no se les concederá amnistía. Por lo tanto, habrá un procedimiento puramente judicial conducido por un tribunal independiente que será, además, escogido por un panel autónomo que comenzó a funcionar en el día de ayer (7 de marzo) y allí se aplicarán distintos tipos de sanciones.

 

Para quien no reconozca su responsabilidad y no acceda a reparar a las víctimas, la pena será la privación de la libertad de entre 15 y 20 años en una cárcel ordinaria, por el contrario, quien reconozca sus crímenes y acepte reparar a las víctimas tendrá sanciones restrictivas lo que implica que no estará en una cárcel ordinaria, estará en determinadas zonas bajo el monitoreo internacional haciendo funciones reparadoras, como puede ser eliminando las minas antipersona que haya sembrado. Este tipo de penas encajan más en un concepto de sanción reparadora mucho más allá de una simple justicia punitiva.

«Lo que es claro en el caso colombiano, es que la mayor victimización la sufrieron las mujeres»

Usted ha señalado que una agenda por la convivencia es la principal meta que tienen los colombianos a tal punto que el mayor riesgo son los discursos contra el acuerdo que plantea Álvaro Uribe Vélez y que llevó a la población colombiana a decantarse por el 'no' en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado. ¿Cómo implementar la agenda por la convivencia y cómo evitar el revés del proceso de paz?

Efectivamente, los colombianos debemos entender que el mayor riesgo es no cumplir el acuerdo. Este es un acuerdo que pertenece no sólo al Gobierno sino al Estado colombiano, que fue refrendado por el Congreso y lo hizo siguiendo los dictados de la Corte Constitucional, luego, hay un compromiso para cumplir. El Centro Democrático ha dicho que si gana en 2018 va a revisar elementos centrales del acuerdo, esto sería una catástrofe para Colombia porque implica volver al pasado con la guerra. No sería el camino razonable para Colombia, sería un contrasentido histórico. También hay un elemento moral al hacer un pacto y desarmar a una guerrilla, incumplirle sería faltar a la palabra del Estado Colombiano, sería un acto de perfidia.

 

¿Hizo falta pedagogía durante los diálogos y hace falta pedagogía para el postconflicto? No se pueden negar los 6 millones de votos en favor del no en el plebiscito...

Sí. Hay que decir que había un compromiso de alto grado de confidencialidad en los diálogos que, además, suponíamos todos que iban a ser más breves. El Gobierno mantuvo un gran control de sus mensajes porque ya teníamos experiencias anteriores fallidas, yo estuve en las conversaciones de Caracas en 1991 con la coordinadora guerrillera , en éstas se hizo el compromiso de que todos los días se hacía una rueda de prensa y negociar así es y fue  imposible. Por esta experiencia, el Gobierno tuvo un uso muy austero de las comunicaciones, las Farc lo aprovecharon para su propaganda política aunque es entendible.

 

Dado este escenario, la primera reacción de los colombianos fue de escepticismo porque no había una respuesta permanente por parte del Gobierno a las afirmaciones de las Farc, pero yo creo que obramos correctamente. Ahora, al momento del plebiscito ocurrieron una serie de mentiras que hacían presencia en las redes sociales y que atribuyeron al proceso de paz decisiones absolutamente descabelladas y es cierto que, como usted lo señala, se hubiera requerido mayor pedagogía, sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente: nosotros éramos conscientes de que dos puntos eran tremendamente impopulares: una muy alta porción de la población quería cárcel ordinaria para los guerrilleros y que no tuvieran la oportunidad de participar en política. Ahora, de alguna manera, a mí me parece que en el plebiscito haber obtenido el 49% a favor del acuerdo de paz es heroico y me parece que para el 2018 esa minoría (el 49%) se va a convertir en una mayoría sólida en la medida en que se están cumpliendo los acuerdos. El Estado ha cumplido, las Farc han ingresado a las zonas de normalización (zonas transitorias de reinserción a la vida civil)  y ha comenzado el proceso de dejación de armas.

 

En esa Jurisdicción Especial para la Paz ¿los procedimientos a imputados militares se desarrollarán a partir de un tratamiento diferenciado de los aplicados a los miembros de las Farc?

Es un punto muy importante. La jurisdicción es igual para todos los responsables. ¿Quiénes son los responsables? naturalmente los miembros de las Farc, pero también los miembros de la fuerza pública que desviaron el cumplimiento de sus deberes y también terceros no combatientes que contribuyeron a la guerra financiando masacres. Para los tres la arquitectura jurídica es igual, es un tratamiento equivalente en el sentido de que los delitos más graves se someterán a la Jurisdicción con sanciones como las ya descritas y los delitos menos graves, para el caso de la guerrilla serán amnistiados y para el caso de los demás responsables se archivarán sus causas penales, es decir, se termina la acción penal.

 

La diferenciación está en, por ejemplo, los sitios de reclusión. Los militares permanecerán en cárceles militares que fueron habilitadas en una legislación anterior no por razón de este acuerdo, mientras que los guerrilleros, en tanto se sometan a la Jurisdicción Especial, se trasladarán a unas zonas adyacentes a las zonas de normalización, pero el tratamiento es equivalente, integral y es inescindible. No puede suceder el día de mañana que las Farc gocen de un tratamiento penal especial y, en cambio, los militares sean juzgados a través de la justicia ordinaria. Ese es el mensaje central.

«La solución pasa por dotar de tierras a los campesinos que no las tienen o las tienen de manera insuficiente para lo cual se creó un fondo de tierras que tendrá tres millones de hectáreas»

En Colombia hay un problema de titulación de tierras y la lucha agraria ha sido el eje de las Farc. ¿Cómo va a ser el proceso de redistribución de tierras por el que a ustedes se les ha señalado de 'castrochavistas'?

El tema de tierras es crucial. El conflicto comenzó alrededor de luchas agrarias, las Farc se formalizaron en 1964 en medio de una discusión sobre la utilización y explotación del campo y esta lucha ha permanecido en la historia de Colombia agregando, además, el problema de la deformación del uso de la tierra y de concentración de la misma. Lo que hemos logrado es un primer diagnóstico concurrente, yo no lo llamo igualitario pero sí armónico, y sobre ese diagnóstico construimos las soluciones.

 

La solución pasa por dotar de tierras a los campesinos que no las tienen o las tienen de manera insuficiente para lo cual se creó un fondo de tierras que tendrá tres millones de hectáreas que deben ser entregadas a los campesinos colombianos en un plazo de 12 años, pero hay que tener cuidado con esto, no estamos hablando de las viejas reformas agrarias a base de expropiaciones y por eso dista completamente del llamado castrochavismo. El reparto de tierras se hará dentro de las normas constitucionales de un Estado de Derecho occidental, incluso, las normas que sustentan el ingreso de la tierra a este fondo no se cambiaron. El acuerdo no toca temas como extradición o privación del dominio.

 

Luego, claro, hay un problema de formalización (titulación) de las tierras en Colombia que en Europa sonará increíble pero en Colombia alrededor del 48% de los predios no tiene titulación, ni siquiera está registrado en el catastro. Nuestra primera obligación es actualizar el catastro, formalizar la tierra que es, además, una reafirmación de la propiedad privada que dista mucho de un socialismo tajante y equivocado. Lo que se quiere dar es un paso a lo que hemos denominado Reforma Rural Integral que se rige estrictamente bajo criterios democráticos.

 

La mujer ha sido uno de los objetivos de la guerra. Ustedes, después de que ganara el no en el plebiscito, tuvieron que reformar el enfoque de género en el nuevo acuerdo ¿Cómo se va a reparar a la mujer colombiana?

Es un tema extraordinariamente importante y, además, fue producto de la creación de una leyenda negra inaceptable.

 

El conflicto ha tenido efectos diferenciales en términos de la victimización que ha producido. En particular, lo que es claro en el caso colombiano, es que la mayor victimización la sufrieron las mujeres como madres, esposas, hijas, nietas y las consecuencias de carácter social han sido francamente desastrosas. Yo me reuní con 30 lideresas campesinas en un municipio donde la guerra fue muy aguda y me decían «todas somos madres cabeza de familia, todas tenemos hijos de varias parejas que murieron en la guerra, luego tenemos una carga adicional y muy superior a la carga de los hombres». Por esto, el enfoque de género prioriza a la mujer al aplicar los acuerdos.

 

¿Dónde estuvo la leyenda negra? en que se trató de decir (por parte de la oposición)  a través de las redes sociales y de comunidades religiosas que lo que se pretendía era afectar al matrimonio (católico) reconociendo las parejas del mismo sexo, adelantar la adopción a parejas del mismo sexo que son temas que ni siquiera se trataron en La Habana, fue muy dañina esta campaña.

 

Después del plebiscito nosotros explicamos el enfoque de género y lo que se hizo en el nuevo acuerdo fue reafirmar el hecho de que la mujer tenga prioridad al reconocerse como víctima. Realmente no fue una modificación sino una reafirmación, en un lenguaje más explícito, señalando que el enfoque de género permite atender la situación de la mujer colombiana y entender que la reconciliación pesa más en el papel que jugará las mujeres colombianas porque ellas serán definitivas en la reconciliación del país. 

 

 

10 de marzo de 2017


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